Elegía a la ESCUELA RURAL de Castilla y León. El modelo urbano, como única opción, asfixia nuestros pueblos.
Un pueblo sin colegio es un pueblo condenado a desaparecer.
En el contexto de la España despoblada, la escuela pública rural constituye mucho más que un servicio educativo: es un elemento vertebrador del territorio, un factor clave de arraigo poblacional y una garantía de igualdad de oportunidades para la infancia, con independencia de su lugar de nacimiento o residencia.
Nuestra Administración, que se abandera en la protección de esta España Rural, no mira nuestro sector sino con ojos de optimización de recursos económicos. En los últimos años se observa una tendencia preocupante hacia la concentración educativa mediante macrocentros (cierre de unidades y CRA, reconversión de los últimos en CEIP…), que obliga al alumnado a depender del transporte escolar y del comedor como soluciones estructurales, no excepcionales (cuestión sujeta a mucha desconfianza por nuestra parte, dado que las licitaciones de estos servicios son, cuanto menos, opacas).
Estas medidas, lejos de fortalecer el medio rural, contribuyen a su debilitamiento social y emocional, al romper el vínculo cotidiano entre la escuela, las familias y el entorno.
El apoyo a la escuela rural debe ser real y sostenido. La reciente aprobación de la subida de la remuneración para este profesorado es un avance positivo, pero claramente insuficiente si no va acompañada de medidas estructurales de estabilización de las plantillas. Es, además, una medida exclusiva para aquellos centros con denominación CRA, por lo que, los ya mencionados “macrocentros” rurales, con denominación CEIP (que no son otros que centros rurales acogedores de alumnado de cada vez mayor territorio) no son beneficiarios ni se pueden acoger a ninguna excepción de singularidad y son tratados como cualquier centro urbano (sin la dotación de servicios, continuidad de plantillas, atención de la Administración…).
Pero, la mayor preocupación de las personas que trabajamos en las zonas rurales, no son las remuneraciones especiales o el reconocimiento, sino que están ligadas al compromiso pedagógico, a la continuidad e impacto didáctico de nuestro trabajo.
Surge, en ocasiones, la solicitud de comisión de servicios, como herramienta aplicable a docentes que quieren continuar proyectos rurales. Se deniega sistemáticamente (no está para eso, nos dicen), no obstante, sería un parche que no garantizaría el arraigo profesional. Entonces, el centro se agarra a la posibilidad de que una funcionaria lo solicite en un concurso de traslados, pero… Oh, sorpresa. ¡Necesitas hasta tres habilitaciones distintas para poder optar a esa plaza…! y que coincidan con la plantilla que se ha permitido demandar desde RRHH… harto difícil… habrá que cruzar los dedos para que la interina que llegue dure todo el curso y se comprometa a adaptarse al proyecto del centro…
A ello se suma otra notable falta de apoyo administrativo, que recae sobre los equipos directivos (algunos, unipersonales) asumiendo funciones, incrementando la sobrecarga laboral y el desgaste profesional de maestras y maestros que se comprometen con un pueblo, sus criaturas y su entorno, pero que, además de súper docentes, han de ejercer de administrativas, gestoras…
Las carencias en infraestructuras y recursos representan otra amenaza evidente. Los arreglos en las instalaciones llegan tarde o de forma incompleta, y no siempre van acompañados de la dotación de personal necesaria para garantizar un funcionamiento adecuado de los centros, en los que se da una guerra a tres bandas: centro, Ayuntamiento y Dirección Provincial.
Esta situación se agrava, aún más, cuando enfocamos en la atención a la diversidad, cuyas ayudas se aprueban con retraso, resultan insuficientes o no contemplan la realidad del alumnado rural, que requiere más recursos y no menos profesorado.
La atención a la diversidad no puede sostenerse con recortes encubiertos ni con soluciones improvisadas. Menos profesorado y más exigencias educativas es una ecuación que compromete la calidad del sistema y vulnera el principio de equidad que debe regir la escuela pública. Nos encontramos ante casos en que la tutora, además de ser la especialista en inglés, música, o Educación física, es también la PT que “se apoya a sí misma” en la atención al alumnado con NEAE en una jornada sin relevo porque en el centro de cabecera de su aula CRA, están también sobrepasados y sin nadie que se desplace para cubrir esos apoyos (claro, habría que pagarlo)… y, como esa maestra se debe a su compromiso con su alumnado, ni se plantea coger una baja por un resfriado u otras “cosas menores” (por si no se cubre) que en cualquier otro sector asumiríamos con normalidad y aprobación.
A todo esto, sumamos la ingente cantidad de horas extras que, ciertamente, se hacen de forma voluntaria, claro… porque la programación, los materiales multigrado para el alumnado, la preparación de actividades y la ristra de documentos administrativos a la que nos someten (con no poca presión), se harían solos (o en las cinco horas semanales que nos entran en nómina) sin que empleáramos nuestro “tiempo libre” (entrecomillado, dado que la conciliación familiar en esta profesión es, cada vez más, un oxímoron. Sí. Las docentes también tenemos hijas, padres…).
Finalmente, y también extenso, es el desarrollo de las etapas subsiguientes (Secundaria, Formación Profesional…). La falta de una oferta clara de Educación Secundaria en el entorno rural supone un factor decisivo en la pérdida de arraigo. Cuando las familias saben que, llegado cierto momento, sus hijos deberán desplazarse o abandonar el municipio para continuar su formación, la despoblación se acelera de manera irreversible.
Sin una continuidad educativa real en el territorio, cualquier política contra la despoblación queda incompleta. La política de esta Administración, que confunde gestión con ajuste presupuestario, nos deriva a un camino de no retorno. La escuela rural agoniza.
Defender la escuela pública rural en Castilla y León es defender el derecho a vivir en los pueblos con dignidad, futuro y cohesión social. De qué les servirá entonces sacar los tractores a la calle, si no habrá quien los conduzca…
Apostar por la Educación Pública de calidad en los entornos rurales, no es un gasto, sino una inversión estratégica para el equilibrio territorial y la supervivencia del medio rural.
Escuela pública de todos para todos
