Por una Universidad Pública de tod@s para tod@s

El pasado viernes el gobierno aprobó por Real Decreto un nuevo sistema de grados y máster. Las distintas universidades podrán elegir entre ofertar grados de tres años (180 créditos) que deberán ser completados por másteres de 2 años o seguir con el sistema actual de grados de cuatro años (240 créditos) completados por másteres de un año.

Esto no es otra cosa que un nuevo ataque a la educación pública. El gobierno se carga el derecho de igualdad de oportunidades pues muchos y muchas estudiantes  no van poder  costearse los dos años de máster debido a los precios desorbitados de los mismos. Nos mienten al decirnos que no son necesarios los dos años de máster y que, por tanto, el coste para las familias se reduce. Y no es así. Los grados por si solos apenas van a tener valor sin un máster, pues es materialmente imposible comprimir en tres años licenciatura que antes requerían de cinco cursos académicos.

El ministro Wert quiere volver a los tiempos en los que la universidad era un privilegio para unos pocos. Primero aumentó las tasas universitarias a la par que recortó becas. Ahora, con esta medida, directamente gran parte de la juventud no irá a la universidad.

Mientras, las universidades privadas se frotan las manos. El PP se lo pone en bandeja, apostando de forma descarada por la privatización a través del  proyecto de real decreto de creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios. Este proyecto pretende disminuir los requisitos exigidos para la creación de universidades privadas y elimina el requisito de tener en cuenta la demanda por mayor población escolar. Tampoco necesitarán para su creación el informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria, ni se especifican cuáles son los recursos adecuados que necesitan para cumplir sus fines, ni se les exige la aportación de garantías financieras para asegurar su financiación.

Esta combinación de encarecimiento de lo público y alfombra roja para lo privado tendrá también como resultado el despido de un número nada despreciable de docentes universitarios.

De nuevo, el ministro WERT impone una ley sin consenso político y social, y al igual que la LOMCE, se va aplicar de forma precipitada, sin escuchar a la comunidad educativa.

Desde CGT  rechazamos este decreto y seguiremos luchando por una educación pública, gratuita y de calidad.