El año 2022 cerró con un total de 108,4 millones de personas desplazadas y refugiadas en todo el mundo, una cifra 19,1 millones superior que la del año anterior, el mayor aumento de la historia. Seres humanos obligados a salir de sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida, huyendo de conflictos, miseria, esclavitud, catástrofes medioambientales …
Según el informe de CEAR 118.842 personas solicitaron asilo en España el año pasado, resultando favorables un 16,5% (14.235 personas). Esta tasa de reconocimiento de protección internacional se encuentra aún muy lejos de la media europea, por encima del 38%, y solo Malta y Chipre tienen un porcentaje más bajo de solicitudes aceptadas.
Personas que se encuentran con enormes y graves obstáculos para acceder al procedimiento de asilo: la escasez de citas lleva a tener que esperar en situación irregular entre seis u ocho meses de media para presentar su solicitud de asilo teniendo que recurrir al “mercado informal” (autenticas mafias) para acceder a este derecho. Lo que supone el aumento considerable de las solicitudes pendientes de resolución: hasta 122.035 personas estaban pendientes de una decisión de la que depende su vida, 17% más que el año anterior.
La tragedia de Melilla, hace un año, demostró una vez más que el acceso al procedimiento en puestos fronterizos o embajadas y consulados sigue siendo una quimera, y condena a las personas a saltar vallas o a arriesgar sus vidas en el mar debido a la falta de vías legales y seguras para pedir protección internacional. Solo el 3,7% de las solicitudes se presentaron en puestos fronterizos, Centros de Internamiento Extranjero (CIE) o a través de extensiones familiares en Embajadas. El mayor número de las personas que solicitan asilo en España llegan a nuestro país a través de frontera aérea, desmontando la falsa alarma en el imaginario colectivo de la ciudadanía de que llegan por vía marítima.
Aunque el número de llegadas por vía marítima descendió notablemente en España, aumentó a través de la ruta del Mediterráneo central y oriental. Más de 2.900 personas perdieron la vida en el mar tratando de alcanzar costas europeas, al menos 1.170 tratando de llegar a España en el último año.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha registrado en lo que va de año 1289 muertes y desapariciones de migrantes en el Mediterráneo: Enero 74, Febrero 248, Marzo 189, Abril 512, Mayo 131. Y en lo que llevamos de Junio 135 seres humanos. Con indignación y rabia nombramos al citar estas cifras las muertes tras naufragar el pasado miércoles un barco pesquero en el que viajaban 750 personas. Solo se han recuperado 79 cuerpos y 104 supervivientes, en las bodegas del barco se hacinaban mujeres y menores.
Es necesario aumentar la tasa de reconocimiento y que no se deniegue el derecho de asilo a personas que vienen huyendo de situaciones límite. Es un derecho urgente posibilitar vías seguras para todas estas personas que anhelan una vida digna, de lo contrario estarán en manos de políticas genocidas.
En plenas negociaciones sobre el futuro Pacto de Migración y Asilo, la postura del Consejo de la Unión Europea no da respuesta adecuada a cuestiones clave como el reparto de responsabilidades en materia de asilo o la garantía de un sistema de solidaridad obligatorio. Consolida aún más el enfoque de control de fronteras con el objetivo de alejar a las personas de las fronteras europeas, se imponen más obstáculos, expulsando a las personas a países no seguros. Además, se anuncia una rebaja de las garantías procedimentales básicas poniendo en riesgo la asistencia jurídica gratuita y el derecho de la persona a ser debidamente informada.
La posición del Consejo “no proporciona una solución real y efectiva a las deficiencias del sistema actual de migración y asilo”, y fundamenta su enfoque en la presunción de que la mayoría de las personas que llegan no tienen necesidades de protección.
Todo esto supone una peligrosa deriva en los derechos de las personas solicitantes de asilo.
Ningún ser humano es ilegal
Solidaridad entre los pueblos
No más políticas genocidas
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