Este septiembre empieza la gratuidad del servicio de educación infantil y lo hace con más polémica: la Junta de Castilla y León de Fernández Mañueco ha concedido fondos europeos Next Generation a centros privados que no cumplen los requisitos y el Ayuntamiento de Burgos los ha ayudado ratificando la política privatizadora del Gobierno de la Junta PP-Vox.
Para la Consejería de Educación la prioridad en la gestión de estos fondos eran, desde el principio, los centros privados, como ha denunciado CGT en repetidas ocasiones durante el curso. Para ello, ha actuado con una opacidad inaudita, sin siquiera publicar los criterios de concesión. El resultado es que se destinan 10.000 plazas para el tramo 2-3 años para la privada frente a las 3.800 para centros públicos.
Se destinan 10.000 plazas para el tramo 2-3 años para la privada frente a las 3.800 para centros públicos.
Además, el proceso se ha desarrollado con negligencia e improvisación a cada paso. Cuestiones como el calendario, los docentes o los horarios se han aclarado muy tardíamente, dificultando la tarea de los equipos directos. CGT propuso desde el principio un plan completo que analizará las necesidades de espacios, recursos y personal, plazos de ejecución y coste centrándose en una red pública y dejando a la concertada un papel subsidiario, como establece la ley.
Ahora, la Consejería de Educación incumple su propia normativa, ya que autoriza a centros privados que no cumplen los requisitos. En efecto, el Decreto 12/2008 que determina los requisitos que deben reunir los centros, exige un espacio de juegos al aire libre. No disponen de él 11 de los 34 centros privados a los que la Junta ha concedido los fondos.
la Consejería de Educación incumple su propia normativa, ya que autoriza a centros privados que no cumplen los requisitos.
En este punto entra en escena el Ayuntamiento de Burgos. Estos 11 centros han solicitado que les ceda espacio de la vía pública para su actividad. El Consistorio de signo socialista ha cedido el espacio público, ratificando irónicamente la política privatizadora del Gobierno PP-Vox de la Comunidad. Con ello, además, el Consistorio privatiza para los intereses de unos particulares espacios de la ciudadanía, todo ello por una tasa simbólica de 115,31 euros para todo el año.
El Consistorio de signo socialista ha cedido el espacio público, ratificando irónicamente la política privatizadora del Gobierno PP-Vox de la Comunidad.
Desde CGT denunciamos una vez más que la Consejería vuelva a saltarse la legislación y exigimos al Ayuntamiento que rectifique en su política privatizadora de la Educación y los espacios públicos.
