La Dirección Provincial de Educación de Burgos no busca la cacareada seguridad de los alumnos, profesores y personal no docente en los centros educativos; ni pretende ofrecer una enseñanza de calidad.
Como ya hemos denunciado desde la Sección de Enseñanza de CGT-Burgos, la Dirección Provincial de Educación no hizo los deberes en verano. Recordamos que, cuando la consejera Rocío Lucas presentó el 6 de julio un protocolo para tener un inicio de curso seguro, señalaba que se había hecho un estudio de las necesidades de cada centro. Sin embargo, no era cierto y el 3 de septiembre, se pedía urgentemente a los centros los datos sobre espacios y se discutía la concesión de nuevos grupos para reducir la cantidad de alumnos por aula y respetar el famoso metro y media de distancia.
En algunas aulas, aunque se respete la ratio máxima de alumnos, no es posible guardar la distancia de 1,5 metros. La solución más evidente es usar algunos espacios públicos de otras administraciones.
La Dirección Provincial no ha hecho absolutamente nada para lograr una colaboración estrecha y efectiva con otras instituciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Burgos, al que recurrieron algunos centros y que llegó a ofrecer sus espacios a los mismos. Incomprensiblemnte, habiendo conseguido algunos centros esta cesión de espacios, la Dirección Provincial la ha prohibido.
Las explicaciones de la administración educativa provincial se alinean con la tacañería, para no colaborar en el pago de los gastos que generara esa ocupación, o aducen que no se debe salir del centro mientras este tenga espacios que puedan ser ocupados como aulas de grupo-clase, todo esto sencillamente porque los regidores del Ayuntamiento son de otro signo político.
Por ello, los centros se han visto obligados a usar como aulas lectivas sus bibliotecas, gimnasios, laboratorios, etc. A día de hoy, hay alumnado que recibe clase de música sin instrumentos, de informática sin ordenadores, de tecnología sin taller. Estas son las graves consecuencias de los apaños de última hora y esta es la enseñanza de "calidad" que se fomenta desde la Consejería y la Dirección Provincial.
Desde CGT, nos tememos que la Dirección Provincial ha establecido una lucha política con un Ayuntamiento que es de diferente signo político, de la que saldran perjudicados alumnado, profesororado, personal no docente y en general los centros, así como la calidad de la enseñanza.
La Salud lo Primero
Además, la Administración se ve forzada desde principios de septiembre a ampliar la plantilla con la contratación de nuevos profesores interinos, muchos de los cuales han conseguido plazas mejores que las que obtuvieron los interinos que obtuvieron plaza el proceso normal de adjudicación de agosto. Ademas, a estas alturas, sigue faltando profesorado en muchos centros. El caso más llamativo es el del IES “Diego Marín Aguilera”, por el que se ha producido la dimisión de su equipo directivo.
Como ocurre desde hace años, los interinos tienen un trato de profesores de segunda y no puedan ejecutar su trabajo a la par del resto la plantilla del centro. Sus contratos tienen vigencia desde el primer día de clase, p.ej. desde el 9 de septiembre para Primaria. Esto quiere decir que les es imposible participar en las elecciones de horarios y grupos junto a sus compañeros de departamento, ya que estas, tienen lugar en dias previos a su contratación. Tampoco conocen el funcionamiento del centro, no pueden explicárselo a los alumnos, ni recibir el horario. Este año, además, los profesores de Secundaria han tenido contrato un día después del inicio del curso. Un nuevo interino que se hubiese incorporado el día anterior a la fecha de su contrato, a la par del inicio del curso, habría corrido el riesgo de que al sufrir un desgraciado accidente, in itinere o en el centro, este quedara sin la oportuna protección.
Desde CGT, denunciamos esta situación que debe avergonzar a los gestores de la educación en Castilla y León, exigimos una definitiva subsanación de estos errores, buscando un acuerdo que logre los espacios necesarios para dar una enseñanza de calidad, o que permita ocupar los ya conseguidos y financiar el coste de aquellos que haya que utilizar.
Si no esta situacion no se rectifica, exigiremos la dimisión del Director Provincial de Educación, al poderle más su posicionamiento político que la enseñanza pública de los estudiantes burgaleses.
