Las libertades también son una prioridad fundamental
Alzamos nuestra voz contra la intención del Gobierno del uso de la información personal, incluyendo su localización, como estrategia fundamental para la prevención de las infecciones por el coronavirus.
Desde CGT llevamos más de 5 años exigiendo a los distintos gobiernos la derogación de
la Ley Orgánica 4/2015 conocida como Ley Mordaza, por el ataque directo que ha
supuesto a la libertad de expresión y las limitaciones al derecho de reunión y
movilización pública. Frente a estos ataques, nuestra respuesta ha sido contundente,
salir a las calles y seguir exigiendo nuestras justas reivindicaciones.
Bajo el paraguas de la actual declaración del estado de alerta sanitaria, se están tratando de normalizar determinadas situaciones que no pueden menoscabar las paupérrimas garantías que tenemos para preservar nuestra intimidad y libertad.
Si hace apenas un año realizamos el esfuerzo de actualizar nuestros procedimientos a la
actual Ley de protección de datos, en estos días se intenta hacer saltar todo por los aires,
permitiendo a las empresas privadas la utilización de nuestras geolocalizaciones, para
monitorizar los movimientos de la población, sin haber solicitado expresamente a cada
persona su autorización para monitorizar sus datos particulares. El falaz argumento de
que no son datos individuales ni identificativos, es falso en cuanto se propone utilizar
los datos particulares de millones de personas concretas e individuales sin su
consentimiento informado y esto, además de limitar nuestro derecho al
consentimiento e información, vulnera las mentirosas leyes que supuestamente
pretenden protegernos como la LOPD.
Otro argumento esgrimido es que la población ya autoriza el uso de sus datos
personales, al aceptar las políticas de privacidad que nos obligan a firmar antes de
acceder a un producto digital. Y de nuevo denunciamos que es otra falacia, para tratar
de normalizar la venta de nuestras vidas y nuestra privacidad ya que, en las políticas de
privacidad no se nos permite negarnos parcialmente a algunos aspectos, como al uso
externo y monitoreo de nuestra geolocalización, mientras usamos dicha tecnología.
Tampoco el argumento del estado de excepción es cierto ya que, en el mes de octubre
pasado, el Gobierno del Estado Español a través del INE, monitorizó los movimientos de
la población sin su previo consentimiento, porque las empresas móviles les cedieron
esta información durante una semana.
Por último, esta indefensión de la población, se ha trasladado al mundo laboral y, en
particular, a las personas que están trabajando desde sus hogares, con sus propios
materiales, conexiones y tecnologías, mientras que las empresas les obligan a firmar
acuerdos de teletrabajo donde la plantilla se comprometa a utilizar sus equipos y
conexiones en exclusividad para su actividad laboral y para su control, instala controles
remotos, identifica direcciones físicas, IP....
La CGT denuncia las exigencias de las empresas que no han dotado a la plantilla de los
materiales necesarios para el desempeño de sus actividades en teletrabajo, y exigen
ahora exclusividad y control de los equipos y conexiones.
Cierto que es un momento de confinamiento y de responsabilidad por el interés
sanitario colectivo, pero no puede ser sólo por parte de la clase obrera, de sus derechos.
Cierto que es un momento de confinamiento y de responsabilidad por el interés sanitario colectivo, pero no puede ser sólo por parte de la clase obrera, de sus derechos y de la Libertad.
La CGT vamos a seguir denunciando los abusos del poder, empeñados y empeñadas
como siempre en la lucha por el bienestar colectivo, pero cuando podamos salir a la
calle, nos movilizaremos de nuevo, con las razones y la fuerza necesaria para exigir una
vida con mucha más Libertad.
Nos toca resistir, pero no vamos a perder el Norte.
