El pasado 19 de octubre salió publicada en el BOCYL la lista de centros de titularidad pública cuyas bibliotecas, previa presentación de un proyecto “para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares”, iban a ser dotadas de fondos.
Junto a esa lista, que incluía un total de 72 centros, aparecía otra con 171 centros cuyos proyectos habían sido “desestimados por agotamiento del crédito”.
Ese crédito asciende a 170.00 euros anuales, que habrán de repartirse los centros seleccionados en virtud del siguiente baremo: hasta 2000 euros, los centros de primaria; hasta 3000, los centros de secundaria.
La elección de los proyectos objeto de financiación corre a cargo de una comisión compuesta por “diez miembros elegidos entre expertos de la educación y técnicos de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa”.
En la convocatoria pueden leerse las siguientes afirmaciones, alentadoras y fruto, aparentemente, de firmes convicciones:
“La Consejería de Educación tiene, entre uno de sus objetivos prioritarios, el fomento de la lectura y la comprensión lectora ya que considera la lectura como el eje transversal de todas las áreas del currículo y herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las materias, y de cuyo dominio depende el éxito académico y profesional del alumnado.”
“En efecto, los cambios educativos que se están promoviendo llevan a entender la biblioteca escolar como el motor
del cambio, actuando como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, como espacio dinámico para el apren -
dizaje que apoye la labor del profesorado de las distintas áreas del currículo, como agente de compensación social, lle-
gando así a convertirse en el elemento central de toda la estructura organizativa del centro.”
Desde CGT recordamos que todos los centros - agraciados o no, con “crédito”- pertenecen a la red de titularidad pú-
blica y que por tanto, el alumnado de todos ellos debe tener los mismos derechos y oportunidades que el resto.
También conviene recordar que, desde que se puso en marcha la política de recortes, los centros de primaria y secun -
daria carecen de presupuesto para dotar de material a sus bibliotecas, a pesar de ser este un objetivo prioritario.
De todo ello, desde CGT, extraemos las siguientes conclusiones, bastante más aplastantes que las convicciones pura-
mente retóricas de la Consejería de Educación:
1. Los fondos para dotar a todas las bibliotecas de los centros no universitarios de titularidad pública de Castilla y
León son miserables: 170000 euros anuales para un total de 1592 centros, lo que supondría –si los mismos se repartieran
equitativamente- poco más de 100 euros al año por centro.
2. Dichos fondos no se reparten equitativamente entre todos los centros de titularidad pública. El que un/a alumno/a
disponga de una biblioteca actualizada y atractiva depende de que algún docente del centro en el que estudia elabore un
proyecto que competirá con el que elabore el profesorado de otros centros. La competitividad –lícita en el contexto de la
empresa privada- no tiene lugar en la red de servicios públicos cuya misión es precisamente que aquellos recursos que se
consideran prioritarios lleguen de forma equitativa a toda la población.
3. Participar en estos concursos, pues se suceden en diferentes ámbitos cada año, exige un trabajo previo que ni se
compensa ni se reconoce a nivel individual, ni conduce necesariamente a un beneficio para el alumnado. No puede tole-
rarse que el profesorado de la pública asuma la responsabilidad de conseguir recursos para sus centros: son funcionarios
públicos y han de defender lo público por encima del lugar en el que desempeñen su labor en un determinado momento.
Es la Consejería la responsable de la financiación de las bibliotecas.
Los expertos, técnicos, responsables y demás cargos de Educación de la Junta de Castilla y León fueron, sin lugar a
dudas, víctimas, en sus años de formación –o deformación-, de las mismas carencias que ahora denunciamos: desconocen
el significado de conceptos como prioritario, equidad o compensación social. Desconocen el significado, en definitiva,
de servicio público. ¿Convocamos un concurso para dotarles de diccionarios?
