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MANIFIESTO

Desde hace años, la política sanitaria de la Junta de Castilla y León está contribuyendo a la quiebra y depauperación del sistema sanitario de nuestra comunidad. Los reiterados recortes presupuestarios (para 2017 se asigna a sanidad menos dinero que en 2010) se traducen en recortes de prestaciones, de material, de obras en nuevas infraestructuras y mejora de los edificios, en cierre de camas hospitalarias, en la exclusión del derecho a la asistencia sanitaria de diferentes grupos y personas y, muy especialmente, en recortes de personal, tanto de hospitales como de centros de salud y consultorios rurales. El resultado es padecido por la inmensa mayoría de la población: Listas de espera que ponen en riesgo la vida de las personas o agravan el pronóstico de la enfermedad; más copagos y repagos para los castellanos y leonesas; precariedad, sobrecarga de trabajo y descontento en el conjunto de l@s profesionales, que han de buscar fuera un futuro mejor; pérdida en calidad de la atención sanitaria y, sobre todo, pérdida de la “calidad humana” en un entorno crispado y deshumanizado.


La crisis sirvió de excusa para hacer estas políticas liquidadoras de nuestra sanidad pública pero, tras ellas, se esconde la pretensión de favorecer a la sanidad privada. A bancos, aseguradoras, constructoras, fondos buitre, se les está ofreciendo la posibilidad de apropiarse de un apetecible mercado, que solo el empobrecimiento de la sanidad pública les puede proporcionar.

La Sanidad Pública, uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar, es una conquista social que fue posible por la confluencia de las demandas de la ciudadanía y el esfuerzo de much@s profesionales y que culminó en su inicial configuración. En este momento, las políticas llevadas a cabo por nuestros gobernantes y gestores han hecho que nuestra sanidad pública esté en grave peligro y, por tanto, l@s ciudadan@s de hoy debemos defenderla. Para ello, las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de las distintas localidades y provincias de Castilla y León manifestamos nuestra contundente y enérgica protesta de rechazo hacia esas políticas de salud de la Junta, y lo haremos el próximo día 20 de Enero en la Manifestación donde, de forma pacífica y democrática, EXIGIREMOS:

  1. Acabar con los recortes recuperando, cuando menos, el equivalente al presupuesto sanitario alcanzado en 2010, con un mayor peso en el gasto de la Atención Primaria, especialmente de los servicios en el medio rural.

  2. Recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario público y fidelizar a sus profesionales acabando con la precarización laboral, eliminando los contratos basura, las interinidades indefinidas y los puestos “comodín”, al tiempo que protegiendo la carrera profesional.

  3. Que no se cierren plantas y camas hospitalarias. Al contrario, utilizar intensivamente el uso de los recursos que tiene la sanidad pública mediante la contratación del personal necesario, para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, eliminando los conciertos con la sanidad privada.

  4. Un modelo de Sanidad 100% Pública:

  • Reversión del Hospital de Burgos, poniendo fin a modelos de colaboración público-privada, auténtica sangría de las arcas públicas.

  • Abandonar el proceso de implantación de las Unidades de Gestión Clínica, por ser un camino hacia la privatización del sistema sanitario.

  • Reconvertir los servicios externalizados asumiendo su gestión y provisión directas, siempre más caros y de peor calidad en manos privadas.

  1. Implementar programas de Prevención y Promoción de la Salud en el ámbito de la atención primaria,

  2. Acercar la Atención Especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de población alejados de los hospitales de área, mediante el desarrollo debidamente dimensionado de estos servicios, una mayor dotación del transporte sanitario (urgente y programado) y establecimiento de los convenios de colaboración oportunos con la sanidad pública de comunidades autónomas limítrofes.

  3. Legislar para restituir el derecho a recibir asistencia sanitaria de personas que residan en nuestro territorio, en tanto no se derogue el R.D.L. 16/12.

  4. Nombramientos de gerentes atendiendo a su perfil profesional, no político, e introducir medidas de transparencia de su gestión económica, mediante auditorías independientes.

  5. Cumplimiento riguroso de la ley de incompatibilidades del personal sanitario, hasta una nueva regulación de la dedicación exclusiva para quien trabaje en la sanidad pública.

  6. Poner en funcionamiento cauces eficaces de participación social y profesional en todos los niveles del sistema sanitario, con participación ciudadana en la toma de decisiones y corresponsabilización en el buen uso de los servicios.

Última modificación: 18/01/2018