Con el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, el Presidente del Gobierno anunció un farol que
quedó muy bien de cara a la opinión pública: nos aseguró que eliminaba las reválidas o pruebas de
evaluación final de 6o de Primaria y 4o de Secundaria, pero en realidad solo eliminó los efectos
académicos de estas pruebas. Por eso, ahora las tenemos aquí.
Debemos recordar que, en la actualidad, ninguna de estas pruebas es de obligada realización para
ninguna alumna ni alumno, pues carecen de consecuencias académicas.
El alumnado y sus familias tienen derecho a negarse a hacerlas, sin que esta decisión suponga para
ellos ninguna discriminación ni consecuencia negativa.
También la prueba individualizada de 3o de Primaria tiene carácter voluntario y, si las familias no
desean que sus hijos la realicen y aportan un documento en el que lo expresan, su voluntad debe ser
respetada, aun cuando en el decreto recién publicado diga como en años anteriores que: “Los alumnos
o alumnas que no realicen las pruebas en la fecha establecida con carácter general, deberán hacerlas el
primer día lectivo de su reincorporación al centro”.
El profesorado no está obligado a exigirles que la realicen si ellos deciden no hacerla, como el mismo
Director Provincial de Burgos nos aseguró en la última Comisión de Mediación. Es una lástima que
desde la Consejería y desde la Dirección Provincial hayan perdido de nuevo la oportunidad de
informar de esto adecuadamente a los centros y a las familias, evitando presiones y tensiones
innecesarias.
Y para quienes digan que qué más da hacer o no estas pruebas, si no sirven para nada, les diremos que
en realidad sí sirven:
-Sirven para cuestionar la labor del profesorado, ya que no se fían de nuestro criterio de evaluación.
-Sirven para segregar ya que, aunque “no tienen efecto académico”, pueden ser un argumento más
para “clasificar” al alumnado.
-Sirven también para sobrecargar al profesorado, que tiene que haber acabado el temario cuando
todavía quedan varias semanas de clases y corregir las pruebas si la Administración les selecciona.
-Sirven para someter a una presión innecesaria a familias y alumnado.
-También sirven para gastar dinero inútilmente, mientras se sigue disminuyendo la cantidad dedicada
a becas. Solo la prueba de Secundaria costará 2,3 millones de euros en todo el país.
-Sirven para comparar centros y, aunque no se hagan rankings oficiales, para que los centros que
mejores calificaciones obtengan publiciten sus resultados para atraer más familias y caer en una
competitividad estúpida.
Desde CGT revindicamos la eliminación total de las pruebas de evaluación externa y hacemos un
llamamiento a la comunidad educativa para que no colabore en su realización. No son pruebas
obligatorias, no tienen valor académico alguno y, por tanto, si las familias y el alumnado se niegan a
hacerlas, no pasa absolutamente nada.
Suficiente prueba diagnóstico es la evaluación continua que los profesores y profesoras realizamos a
diario con nuestro alumnado. Estas pruebas no nos van a decir nada que no sepamos. Porque bien
sabemos que lo que hace falta son ratios más bajas, más apoyos y refuerzos, más profesorado de PT,
AL y compensatoria, más horas de orientación en Primaria, dos orientadores/as en centros grandes,
descarga de horas lectivas, que se sustituya al profesorado de baja de forma inmediata...
Si quieren diagnosticar el estado de la educación que nos pregunten al profesorado.
