Este mes de enero se renuevan los conciertos educativos en Castilla y León por un periodo de 6 años. Desde CGT aprovechamos la ocasión para recordar a las administraciones públicas que el recurso a los conciertos educativos se planteó como una medida transitoria ante la insuficiencia de suficientes centros públicos en los años 80 y que por tanto ya es hora de que apuesten por una red de centros 100% pública.
Sin embargo, lejos de apostar por la Escuela Pública, durante los últimos cursos en Burgos se han cerrado al menos 15 aulas en centros públicos. Bajo el pretexto de la “libre elección de centro”, se vacían las aulas públicas en favor de negocios privados subvencionados por el estado (los conocidos colegios concertados) con el dinero de todos y todas, mientras en los centros públicos de Burgos, Aranda y Miranda quedan más 3.000 plazas vacías.
La principal razón por la que muchas familias matriculan a sus hijos e hijas en la enseñanza concertada es meramente clasista. El 82% del alumnado de minorías étnicas, inmigrantes y con necesidades educativas especiales se encuentra en la enseñanza pública.
El peso de los conciertos en la educación pública española es una anomalía en el marco europeo. En países como Francia, Alemania, Italia o Finlandia, la educación pública supone un 89%, mientras que en nuestro país es apenas de un 67%. En nuestro Estado se invierte el doble (0,6% del PIB) en enseñanza privada-concertada que en el conjunto de la Unión Europea (0,36%), apostándose claramente por una acelerada privatización de la educación.
CGT siempre ha luchado, y seguirá luchando, por la eliminación de los conciertos porque no solo despilfarran dinero público en favor de negocios privados, sino también porque reproducen la desigualdad social, segregando:
