Las familias que firmaron el “no consentimiento” a la realización de las pruebas fueron muchas, según los datos facilitados por las asociaciones de padres y madres, datos que no coincidentes con los facilitados por la Administración. Según la Administración regional, tan solo 24 alumnos y alumnas no han realizado la prueba en la Comunidad: 2 en Ávila; 3 en León, 5 en Soria y 14 en Zamora. Sin embargo, tenemos constancia de muchos más casos de objeción que los proporcionados por la Administración. En Palencia capital se
registraron 21 casos, en Burgos al menos 16 y en Ávila se sumaron otros dos casos en el segundo día de la prueba. En Segovia en un único colegio rural se registraron 19 escritos contra las “revalidas” de sexto y finalmente fueron 6 quienes no la hicieron; y en otro centro de la capital 4 escritos consiguieron paralizar la prueba de esos alumnos. Y con total seguridad estos no son todos los casos, pues no disponemos de datos de todas las provincias ni todas las familias objetoras se han puesto en contacto con las asociaciones de madres y
padres.
De hecho, los datos publicados dentro de las notas de prensa del Gobierno Autonómico, no pueden ser de ningún modo los reales, ya que el profesorado tenía hasta el viernes 13 de mayo para hacer llegar las incidencias. Además hay colegios en los que todavía no se ha realizado la prueba, ya que tienen de plazo hasta el día 20 de mayo para hacerlas, opción que se dio a los centros si justificaban debidamente que no podían llevarlas a cabo en las fechas marcadas por la Consejería de Educación.
Además de la falsedad de datos, desde CGT denunciamos la presión ejercida por la Administración sobre las familias. En la hoja de incidencias de obligatorio cumplimiento por examinador y clase examinada, se contemplan varios motivos por los que el alumno o alumna no realiza la prueba: ausencia, indisposición, decisión familiar, enfermedad. Si la decisión familiar se considera una razón para no realizar esta prueba en la propia documentación oficial de la Administración, no entendemos por qué se intentó por todos los medios obstaculizar y poner trabas a las familias objetoras, no respetando su decisión y el derecho que todos y todas tenemos a manifestar nuestro desacuerdo ante unas pruebas que consideramos antipedagógicas, segregadoras e injustas.
En cuanto a las formas de proceder con el alumnado que entregaron el escrito de objeción a la prueba, fueron muy variadas: hubo profesorado que respetó la decisión familiar y les retiraron el examen; otros, por el contrario, sometieron a un marcaje al alumnado y a las familias objetoras, llegando incluso a obligarles a la realización de la misma.
Por todo lo anteriormente descrito, CGT denuncia la manipulación de datos y la vulneración de derechos de las familias objetoras, en un proceso innecesario, que carece de equidad, transparencia y está muy alejado de su “pretendida” finalidad educativa.
