Desde CGT queremos manifestar nuestro apoyo a la huelga de estudiantes del 26 de febrero contra el decreto 3+2, así como el encierro en la Facultad de Humanidades a partir de las 17 horas del miércoles 25 (durante el que se celebrarán debates y proyectarán vídeos) y la manifestación del jueves 26 a las 12 horas desde la Plaza del Cid.
Durante el encierro tendrán lugar las siguientes actividades: 17:30 horas, asamblea y taller sobre la lucha estudiantil; 19:00 horas, mural de las quejas, 20:00 horas, proyecciones y debate (se proponen los siguientes documentales: “Machismo en las aulas”, “Huelga estudiantil en Canadá” y “Estudiantes de Iguala”), 21:00 horas, segunda asamblea, centrada en la educación, el modelo 3+2 y la preparación de cara a la jornada de huelga, así como en los piquetes informativos.
Este decreto supone reducir los grados (carreras) universitarias a tres años para ampliar de uno a dos años los másteres. Esto no es otra cosa que un nuevo ataque a la educación pública. El gobierno se carga el derecho de igualdad de oportunidades pues muchos y muchas estudiantes no van poder costearse los dos años de máster debido a los precios desorbitados de los mismos.
Nos mienten al decirnos que no son necesarios los dos años de máster y que, por tanto, el coste para las familias se reduce. Y no es así. Los grados por si solos apenas van a tener valor sin un máster, pues es materialmente imposible comprimir en tres años licenciatura que antes requerían de cinco cursos académicos.
El ministro Wert quiere volver a los tiempos en los que la universidad era un privilegio para unos pocos. Primero aumentó las tasas universitarias a la par que recortó becas. Ahora, con esta medida, directamente gran parte de la juventud no irá a la universidad.
Mientras, las universidades privadas se frotan las manos. El PP se lo pone en bandeja, apostando de forma descarada por la privatización a través del proyecto de real decreto de creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios. Este proyecto pretende disminuir los requisitos exigidos para la creación de universidades y elimina el requisito de tener en cuenta la demanda por mayor población escolar. Tampoco necesitarán para su creación el informe favorablede la Conferencia General de Política Universitaria, ni se especifican cuáles son los recursos adecuados que necesitan para cumplir sus fines, ni se les exige la aportación de garantías financieras para asegurar su financiación.
Esta combinación de encarecimiento de lo público y alfombra roja para lo privado tendrá también como resultado el despido de un número nada despreciable de docentes universitarios.
De nuevo, el ministro WERT impone una ley sin consenso político y social, y al igual que la LOMCE, se va aplicar de forma precipitada, sin escuchar a la comunidad educativa.
Desde CGT rechazamos este decreto y seguiremos luchando por una educación pública, gratuita y de calidad.
