Grupo de trabajo de lucha contra el TTIP. CGT Burgos
El TTIP es el Tratado de Libre Comercio e Inversión (TLC) que la UE y EE.UU están negociando desde Junio de 2013 bajo el máximo secretismo. Lo que se sabe es gracias a las filtraciones y al trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Aún así el grado de información en gran parte de la población es nulo o bastante vago.
Esto implicará un deterioro de todas las regulaciones y protecciones que conocemos a favor de los intereses de las corporaciones, porque una mayor liberalización sólo se puede llevar a cabo degradando todas las protecciones sociales o medioambientales, es decir, equiparándolas por su menor común denominador.
Con el presente artículo y los siguientes se pretende dejar claro a qué amenazas nos enfrentamos en el ámbito del empleo, derechos laborales, seguridad alimenticia, medio ambiente, servicios públicos, privacidad y propiedad intelectual. Además escarbaremos en las entrañas del Mecanismo de Resolución de Diferencias entre Estado e Inversores; “tribunal” ad hoc, al margen de las leyes nacionales, del que solo pueden hacer usos los inversores extranjeros (ni los Estados, ni las pequeñas empresas nacionales, ni la población del país) y cuyos miembros son sospechosos de conflictos de intereses. Por último, veremos el TCL entre México, EE.UU y Canadá (NAFTA) y sus consecuencias, así como el TLC entre Canadá y la UE cuyo texto acaba de cerrarse, pero que aún está por ratificar, y que puede ser considerado como un globo sonda.
Empecemos por saber qué es un Tratado de Libre Comercio e Inversión. (TLC). Es un acuerdo entre dos países para eliminar barreras que dificulten el comercio entre ambos territorios así como la inversión de las grandes empresas extranjeras.
¿Qué barreras se pretenden eliminar? Si hablamos del comercio de mercancías la primera barrera en la que pensamos son los aranceles. Pero no es la principal, ya que los aranceles medios entre EE.UU y la UE rondan solo el 4% y en muchos casos son cero. El sector más afectado por su eliminación o reducción sería el sector agrícola europeo, donde los aranceles son mayores y se vería expuesto a la competencia de las mucho más grandes explotaciones estadounidenses, muy penetradas por las multinacionales.
Si los aranceles no son realmente una barrera, ¿qué barreras se pretenden eliminar realmente? Están negociando eliminar las normativas laborales, medioambientales, sanitarias y sociales que suponen obstáculos al sacrosanto libre comercio y a la sacrosanta libertad de capitales (posibilidad de que las multinacionales puedan deslocalizarse o abrir filiales donde quieran, sin someterse a normativas que para ellas supongan inconvenientes, pero que para la población suponen la salvaguarda de sus derechos).
Y no olvidemos que cuando hablamos de que las multinacionales puedan invertir libremente a un lado y otro de las fronteras, los servicios públicos son una parte muy importante del pastel que se pone sobre la mesa de negociaciones; suponen el 15% y el 20% de la producción (PIB) en la UE y EEUU respectivamente. Es su privatización lo que también es objetivo de la negociación.
Estas amenazas se agravan por lo difícilmente reversibles. ¿Cómo? A través de la inclusión del Mecanismo de Resolución de Disputas entre Estado e Inversor, que permite a los inversores extranjeros denunciar a los Estados frente a un “tribunal” ad hoc en caso de que se hayan aprobado o se esté aprobando regulaciones que supongan una merma en sus expectativas de beneficio. A modo de ejemplo, la multinacional francesa Veolia ha denunciado a Egipto por incrementar el salario mínimo.
Este mecanismo, existente en todos los TLC, supone que el Estado tenga que pagar multas de hasta 1.770 millones de dólares (como la que pagó Ecuador a Occidental Petroleum) o que retire o suavice la ley o proyecto de ley ante la perspectiva de una sanción multimillonaria.
¿Es todo esto pura especulación? NO. Todos los puntos mencionados aparecen como objetivos en el mandato negociador de la Comisión Europea. En dicho documento junto a los objetivos de las negociaciones podemos leer puntualizaciones como que las barreras no arancelarias objeto de eliminación pueden ser normas de cualquier tipo: éticas, democráticas, legales, sociales, referentes a la salud o de orientación medioambiental, financieras, económicas o técnicas; o que el Mecanismo de Resolución de Disputas está destinado a aplicarse por ejemplo cuando nuevas regulaciones supongan un obstáculo para el acceso de los inversores extranjeros a los mercados públicos.
Además todo lo expuesto es una realidad en los 3.000 TLC firmados a nivel mundial, de los cuales 1.400 son de países de la UE con terceros. Estos TLC han permitido no solo hacer grandes negocios a las multinacionales europeas y estadounidenses, sino también crear un modelo de consumo basado en la violación de derechos laborales, sociales y medioambientales.
El TTIP tiene por un lado el objetivo geoestratégico de crear un bloque frente al auge de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Pero por otro lado existe un objetivo político, que no es otro que profundizar en un modelo neoliberal en el que ya no es necesaria la escusa de la crisis para seguir recortando derechos y privatizando servicios públicos. El supuesto objetivo comercial en realidad no es tan relevante, porque actualmente el comercio internacional entre la UE y EEUU ya supone un tercio del total; y si contamos el comercio entre países de la UE, representa el 43%.
Viendo todo lo que esconden los TLC no sorprende que el Departamento de Comercio de EE.UU y la Comisión Europea estén negociando con tal secretismo que todos los documentos serán confidenciales durante 30 años. Se dan informaciones muy puntuales y escasas a la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Yannick Jadot, eurodiputado francés denuncia que “aunque a veces tenemos algún documento, se nos prohíbe informar sobre el contenido a la opinión pública.”
Sin embargo el Tribunal Europeo de Justicia en sentencia del 3 de julio de este año establece que la documentación relacionada con las negociaciones del TTIP ha de ser pública. Tras esta sentencia “Economía Ciudadana” ha realizado una petición de acceso, la cual ha sido negado. Ha vuelto a presentar otra petición a sabiendas que le avala la mencionada sentencia.
Al secretismo se une la intervención descarada de los lobbies. De las 130 reuniones que mantuvo la Comisión Europea para preparar las negociaciones, 117 fueron con representantes de las grandes empresas. También es conocida la asistencia de los negociadores a las sedes de los lobbies, incluso en plena ronda de negociaciones. Y por si fuera poco se ha propuesto la creación de un Consejo de Cooperación Regulatorio en el que se sentarán representantes de la UE y EEUU pero también representantes de las grandes empresas. Por este Consejo pasarán proyectos legislativos antes de que lleguen al Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales, dando la posibilidad a las grandes empresas de participar en las decisiones de qué y cómo se legisla.
El texto final del TTIP pretende aprobarse para finales 2015 o principios de 2016. Después tendrá que ser ratificado por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales cuyo Constitución así lo exija. Es responsabilidad nuestra pararlo en la calles. No más negocios a costa de nuestros derechos.
El TTIP amenaza con cambios drásticos e irreversibles a la clase trabajadora.
PARÉMOSLO ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE
