Tras realizar una Asamblea pública informativa a las 10 de la mañana, sobre las implicaciones y consecuencias de la última de las reformas aprobadas por el Gobiernio, la de la Negociación Colectiva, realizamos una concentración informativa a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, denunciando el silencio cómplice de los sindicatos institucionales y la amenaza de endurecerla en su posterior tramitación parlamentaria.
Esta Reforma, junto con el Nuevo Reglamento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE's), son un paso más en la escalada de ataques continuados que el gobierno, la patronal y la complicidad del sindicalismo institucional, están cometiendo contra los derechos del conjunto de la clase trabajadora. El nuevo Reglamento de los ERE's aprobado significa un nuevo recorte de derechos y, más facilidades para el despido libre y gratuito por parte de la Patronal. Esta norma es la aplicación más retrograda de la Reforma Laboral, contra la que CGT convocó Huelga General para su derogación el pasado 29 de septiembre de 2010.
Por su parte, la Reforma de la Negociación Colectiva marca unas nuevas reglas de juego para regular las relaciones laborales, llegando prácticamente a la eliminación de la negociación colectiva al imponer un arbitraje obligatorio, vaciando de contenidos los Convenios Colectivos, permitiendo el descuelgue salarial y consagrando al bisindicalismo institucional como representante con legitimidad de las y los trabajadores, para que las cúpulas sindicales y de la patronal puedan negociar al margen de los intereses y derechos de la clase trabajadora. Con esta Reforma se aprueba a niveles prácticos la eliminación del derecho a la libertad sindical.
Con esta reforma de la Negociación Colectiva se cambian las reglas de juego para que los y las trabajadoras seamos meras mercancías disponibles en función de la demanda, de la competitividad de las empresas y de los beneficios de la patronal. Se debilita el poder sindical directo para negociar sus condiciones y relaciones laborales. Se secuestra, de hecho, el ejercicio del derecho a la huelga, lo que representa una política autoritaria, al invalidar y vulnerar el derecho fundamental a la Huelga ante el conflicto de intereses entre el capital y el trabajo.
